Criterios del ICE son planteados desde la perspectiva del interés nacional

Observaciones al cartel para la apertura celular

Las siguientes aportaciones pretenden honrar la promesa sobre la calidad de la apertura; que todos los temas sean atendidos de manera integral y concatenada; velar por la contribución al desarrollo de la sociedad y en procura de la igualdad de trato y la seguridad jurídica a todos los participantes.

Estas observaciones al cartel son formuladas con el deseo de hacer aportes de provecho para que el país vea cumplidas, en la letra y en el espíritu, las leyes General de Telecomunicaciones y la de Fortalecimiento de las Entidades del Sector de Telecomunicaciones.

Maximizar los beneficios nacionales del proceso en que nos encontramos debe ser el propósito común, y es, ciertamente, el eje central de la posición institucional del ICE. En ese sentido, hay elementos de gran trascendencia que faltan y sin los cuales no se permitiría fortalecer el cartel ni avanzar en favor de los intereses nacionales.

Es así como durante la audiencia pública convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), este viernes en el hotel Real Intercontinental, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó un documento suscrito por su presidente ejecutivo, Eduardo Doryan Garrón, con observaciones y argumentos que buscan contribuir al esfuerzo general por mejorar el borrador del concurso para otorgar concesiones de telefonía móvil a nuevos operadores.

El documento fue remitido hoy a la Sutel y de manera sucinta y puntual también fue referido por el subgerente de Telecomunicaciones del ICE, Claudio Bermúdez Aquart, durante la audiencia.

Una copia íntegra de la posición del ICE fue entregada a los medios de comunicación.

La posición expuesta por el ICE durante dicha audiencia es que la subasta del espectro radioeléctrico para telefonía celular debe hacerse con un adecuado proceso cartelario que efectivamente garantice promover el desarrollo nacional y fomente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

La posición institucional es, según el documento,  maximizar los beneficios nacionales a partir de una visión de país clara y un proceso de evolución del mercado sustentado en la seguridad jurídica, mejores prácticas, transparencia y solidez técnica y financiera de todos los actores, así como la creación de beneficios reales y efectivos para mejorar el bienestar ciudadano.

Las observaciones medulares son las siguientes:

·         Se ponen de manifiesto contradicciones sobre el tipo de competencia que se impulsa.

·         Hay carencias en los requerimientos de cobertura y no se exige proyectos de beneficio social  a los nuevos operadores.

·         Se permite a los nuevos participantes operar total o parcialmente desde el extranjero o en condiciones fiscales privilegiadas, minimizando los beneficios por inversión, empleo y tributos en el país.

·         Persiste inseguridad jurídica sobre las frecuencias de microondas que requerirán para sus enlaces los nuevos operadores, en cuyo caso los costos por migración o readecuación tendrían que ser cubiertos por el Fisco.

·         No exige de manera inequívoca a los nuevos operadores utilizar  equipos nuevos y de última generación para garantizar calidad y avance tecnológico en el país.

·         Falta indicar requisitos para que los oferentes garanticen la expansión de su cobertura nacional móvil.

·         Persiste un desequilibrio entre las obligaciones vigentes para el ICE según el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la inexistencia de tales obligaciones para los operadores entrantes.

·         En cuanto a la solidez financiera es indispensable guiarse por las exigencias que aplica la Contraloría General de la República (CGR) y no darse por satisfecho con la sola demostración de ingresos anuales de US$450 millones en los tres últimos períodos fiscales.

·         No se hace referencia a la metodología a utilizar para fijar el precio de las bandas a subastar.

·         Se olvida totalmente de las políticas para fijar tarifas al público, incluyendo el rebalanceo tarifario, esenciales para las decisiones de inversión y para evitar inseguridad jurídica.

·         Presenta incoherencias e  insuficiencias en lo relativo al modelo de costos de interconexión.

Los temas aquí mencionados están absolutamente concatenados entre sí.  Por consiguiente, si dejáramos que en su atención no se actuara con integralidad, congruencia y armonía, se pondría en riesgo el cumplimiento de las leyes que sustentan la apertura de las telecomunicaciones prometida a la sociedad costarricense.

Es prudente, entonces, tomar las acciones necesarias para alcanzar el objetivo común de todos los interesados y así consolidar un cartel de clase mundial.

Para evitar la inseguridad jurídica y para cimentar sólidamente el proceso de apertura en las telecomunicaciones, es imperativo que las decisiones estén  basadas en estudios técnicos coherentes entre sí pero lamentablemente inexistentes al día de hoy.

Contribuir en ese proceso es el constructivo propósito de las observaciones que hemos hecho, todo en el marco de un esfuerzo de mejoramiento que es significativo pero alcanzable, y hacia lo cual se orientan estos comentarios.

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